Por Hernán Munilla Lacasa

La irrupción hace unos años del compliance puso en evidencia, a mayor escala, las conocidas penurias de un sistema de enjuiciamiento penal extremadamente burocrático, lento e ineficiente. No hace falta aclarar que el compliance no es un invento argentino, ni tampoco que apareció exclusivamente en nuestro país para paliar un déficit evidente en la respuesta que el sistema judicial debe brindar ante cualquier caso de corrupción o de fraude corporativo. Pero lo cierto es que ayudó a revelar cuán grande es la brecha entre la performance de la justicia y las expectativas que en ella depositó la sociedad en general, incluidas las empresas.

Por lo tanto, no debería llamar la atención que éstas, las empresas, hayan implementado códigos de conducta, designado oficiales de cumplimiento, diseñado canales de denuncia y protocolos de investigaciones internas y que apliquen sanciones acordes con las irregularidades cometidas.

Las normas de compliance no sustituyen el procedimiento judicial, que no siempre pero muchas veces se inicia, con las falencias indicadas, sino que lo complementa y enriquece.

Ahora, la irrupción del COVID-19 ha puesto una vez más en evidencia la falta de reflejos de un Poder Judicial que parece anclado en el tiempo de los expedientes cosidos, salvando algunas honrosas excepciones, dentro del Fuero Criminal y Correccional. Es que los hechos delictivos no han entrado en cuarentena, ni los amigos de lo ajeno respetan el encierro, o carecen de la sofisticación necesaria para, desde variados dispositivos electrónicos, cometer sus fechorías a distancia.

Una vez más la respuesta de la Justicia, tanto institucional como operativa, es bastante pobre.

La Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación, las Asociaciones de jueces y fiscales deberían tomar nota de la realidad, como ya la ha tomado el sector privado, y advertir que las herramientas tecnológicas no pueden ser ignoradas, que su uso es indispensable para agilizar, registrar y transparentar los procedimientos y brindar respuestas eficaces y ajustadas a los tiempos que corren. A las cédulas electrónicas y a la interposición de escritos en el sistema informático, que constituyeron un primer buen paso, deben sumarse sin demora la incorporación de pruebas digitales y el registro de audiencias en igual soporte, a través de mecanismos seguros y confiables.

Como operadores insustituibles del sistema, los abogados debemos acompañar y facilitar la transformación, tal como ocurrió con el compliance.

No deberíamos volver atrás. El futuro ha tocado nuestras puertas, y lo ha hecho con la fuerza necesaria para despabilar al Poder Judicial, cuyo servicio de justicia es indiscutiblemente esencial.